Teléfono RojoEliseo Tejeda Olmos
El adjetivo es muy fuerte, pero no está dirigido en lo general a quienes se ganan el pan de cada día manejando un autobús de pasajeros o un taxi, sino a aquellos que utilizan el vehículo como un arma para quitarle la vida a sus semejantes y que a gran velocidad, sin precaución alguna, arriesgan la vida propia, de los pasajeros y de otros conductores y peatones.
Los concesionarios del transporte público no lo parecen, pues más bien se comportan como señores de horca y cuchillo, ya que excepcionalmente les es cancelada su concesión cuando un autobús o taxi de su propiedad se ve involucrado en la muerte de un peatón o usuario de transporte público.
Ahora pretenden el aumento de un peso en la tarifa por el servicio que prestan en unidades destartaladas, contaminantes, con fallas mecánicas en sistemas tan importantes como son los frenos. El golpe a la mayoría de la población, en su economía, será contundente.
Un peso dirán, pero para quien por lo menos toma cuatro autobuses al día, son ya cuatro pesos que en seis días hábiles se convierten en 24 pesos y al mes (cuatro semanas) son 96 pesos. Si esa persona tiene hijos estudiando y la escuela no queda cerca como para llegar a ella caminando, se estaría hablando de otro gasto similar que a un salario mínimo de 54 pesos diarios le significa una merma importante.
Pero volviendo a los cafres que se ponen detrás del volante de un autobús de pasajeros y que todos los días vemos a gran velocidad disputarse el pasaje o simplemente queriendo demostrar que son grandes chafiretes en avenidas como la Lázaro Cárdenas o Circuito Presidentes, los ciudadanos siguen esperando el castigo ejemplar no solamente para ellos, también para sus patrones cuando matan a un anciano, un joven o mujer valiosa y productiva o destrozan a una familia al asesinar, sí asesinar, a un niño inocente.
Una fianza de 30 mil pesos en promedio sirve para que el cafre salga de la cárcel orgulloso como el cazador al aumentar una muesca más a su arma y cebado como animal peligroso porque difícil es asesinar al primero, los demás será más fácil y su patrón, que en la mayoría de las veces le vuelve a dar trabajo para que le pague el adeudo de la fianza, sigue usufructuando lo que se supone solamente es una concesión.
Ya el diputado local Antonio de Jesús Remes Ojeda hizo un pronunciamiento al respecto el pasado jueves 1 de octubre para que se legisle y se castigue con mayor severidad no solamente a los cafres del servicio publico, sino también a sus patrones a los que debe cancelárseles la concesión, que como tal no es de por vida sino deberá mantenerse mientras otorguen un servicio público en que se trate con dignidad y respeto a los usuarios, a los peatones y a los conductores particulares.
Ya lo dijimos antes y lo repetimos ahora: ojalá y los diputados locales tengan tiempo para aprobar una iniciativa de ley que establezca claros límites para los asesinos a los que se les permite manejar un autobús de pasajeros o un taxi.
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