Difícil, pero no imposible sanear a la Procuraduría

Teléfono Rojo
Eliseo Tejeda Olmos

De tiempo atrás, el procurador de Justicia, Salvador Mikel Rivera emprendió giras por todo el territorio veracruzano, con la finalidad de atender a la gente y supervisar las actuaciones de los ministerios públicos y personal de apoyo de las cerca de 300 agencias y si bien es cierto que con su sola presencia se resolvieron muchos casos que requerían únicamente de elaborar y tramitar un oficio, también recibió directamente y sin filtros burocráticos, las quejas de personas que han sufrido el mal trato de los que se suponen no solamente servidores públicos, sino sus representantes de oficio ante la ley.
Ese quejas motivaron recientemente el relevo de un agente del MP y un oficial secretario en Ciudad Isla, que llevó a Veracruz otra vez al ámbito nacional de las noticias por los crímenes no esclarecidos de varias mujeres y provocó el cambio del responsable del Ministerio Público y de todos los oficiales secretarios.
Lo anterior es una muestra de la determinación del Fiscal General de Veracruz por terminar con los vicios arraigados entre el personal de las agencias del Ministerio Público que no quieren entender que el interés primordial deberá ser la atención a quienes demandan procuración y una mejor impartición de justicia.
Por interés laboral y profesional, el personal de las diferentes agencias de los Ministerios Públicos debería de tomar en cuenta y en serio la postura de Salvador Mikel Rivera y no pensar que después de la separación de 43 trabajadores a principios del mes, ya la libraron, pues de persistir en la mala costumbre de postergar las acciones de investigación si no hay dinero de por medio, una queja bien fundamentada que llegue al Procurador General de Justicia sin duda que derivará en el cese inmediato y si es grave, hasta la correspondiente acción penal.
Porque si no están enterados, continúan bajo la lupa del fiscal Mikel Rivera, los agentes del MP, secretarios, peritos y elementos de la AVI que han sido acusados por los ciudadanos por maltrato, prepotencia y dilación de expedientes.
Ya lo ha dicho el funcionario en repetidas ocasiones y allá de quienes no lo tomen en serio, que quiere dejar una Procuraduría mejor de como la recibió, moderna y con personal capacitado que de trato humano a quienes dolidos, agredidos, desesperados y afectados acuden a la autoridad en demanda de auxilio.
A la vista está el apoyo que el gobernador Fidel Herrera Beltrán ha dado a la Procuraduría y no se vale que malos servidores públicos echen por la borda el esfuerzo del Mandatario veracruzano y el trabajo de un fiscal modernizador y comprometido.
No solamente pretenden burlarse de su Jefe inmediato sino también del Ejecutivo estatal que todos los días procura estar cercano a la gente, como lo ha hecho desde el primer día de mandato.
En este contexto, hay que estar atentos que sucede con el agente del MP, Marco Vinicio Carpinteiro Santos, quien ha sido señalado públicamente como un funcionario comprometido no precisamente con los demandantes de justicia como es el caso del vil y cobarde asesinato de la niña Laura Jennifer García Ávila, estudiante del primer grado de la secundaria técnica 105.
Todavía no se aclara el asunto y ahora resulta que otro caso a cargo de la misma agencia quinta del Ministerio Público, el del fraude cometido por José Guadalupe García Miranda en agravio de 60 estilistas xalapeños a quienes cobró y no cumplió con un traslado y acceso a un evento de capacitación en la ciudad de México, muestra un interés parcial a favor del defraudador y en contra de los afectados.
De los 60 agraviados, una mayoría ya firmó el perdón para el defraudaror al recibir por sugerencia de personal de la Agencia del MP a cargo de Marco Vinicio Carpinteiro, solamente el 50 por ciento de lo defraudado. Como quien dice, “de lo perdido, lo que aparezca”.
Pero los menos exigen el justo pago de la totalidad de lo que aportaron para el viaje, entrada al curso de capacitación y estancia en la ciudad de México. No merecen menos y tampoco el consejo de aceptar lo que les quieran entregar mientras el defraudador una vez en la calle, maquine otro delito a ver ahora contra quien y recupera el dinero que tuvo que devolver.
Los antecedentes y las quejas del actuar en la Agencia de Ministerio Público ahí están, no solamente de su titular sino del personal que bajo sus órdenes se desempeña, solamente falta que la lupa apunte hacia ese lugar y seguramente se descubrirán otros negativos detalles.
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Niños y ancianos explotados

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Eliseo Tejeda Olmos

Aunque de entrada pareciera injusta la propuesta de la directora del DIF Municipal, Guadalupe López Ramírez, de que automovilistas no den dinero a niños que lo piden en los cruceros de las calles, hay que reconocer que es una sugerencia acertada.
Desafortunadamente para los menores de edad, algunos de tan sólo cuatro o cinco años, sus padres han encontrado en ellos una fuente de ingresos que supera un salario mínimo general en nuestra región C de 51.95 pesos diarios.
Un solo infante puede reunir hasta 200 pesos diarios pero con una jornada de explotación de hasta 12 horas –de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, por ejemplo- y si el dinero fuera para ellos, pues que bueno, tendrían alimentación oportuna y un lugar decente donde vivir además de oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, cualquiera con “tres dedos de frente” como se dice de manera coloquial, sabe que ese dinero es para los explotadores del niño y peor aún, para personas sin escrúpulos que piden “prestados” a los chamacos para “pasearlos” en la ciudad si no es que se da otra situación más horrorosa: han sido arrebatados de sus hogares.
Explicado de esta manera, creo que seguramente nadie querrá cooperar con la explotación de los niños en las calles, que excepcionalmente han decidido estar allí por decisión propia porque huyen de la violencia y abuso intrafamiliar.
Hay que aplaudir la preocupación del DIF Municipal que preside Mariana Munguía de Velasco por recorrer las calles para detectar y tratar de corregir, dentro de sus atribuciones la explotación que se hace de los pequeños y que demanda el apoyo de la fuerza pública, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del DIF estatal e incluso de la General de Justicia, dado el caso.
Pero como dice Guadalupe López, sin el apoyo e interés ciudadano poco se puede lograr. Cada vez que vea un niño en el crucero pidiendo dinero, aprovechando el tráfico detenido o el semáforo en luz roja, si puede y le interesa, mire con atención alrededor, no le costará trabajo descubrir a prudente y discreta distancia al explotador.
Este puede ser un adulto, hombre o mujer o un adolescente o joven, que vigila al niño o niña y lo ordena ser efectivo al pedir, sin importarle que el pequeño arriesgue la vida ya que por su estatura la mayoría de las veces no es visible para el conductor de una camioneta y no se diga de un autobús o camión de dimensiones similares.
No seamos cómplices de la explotación ni permitamos que los explotadores utilicen a los niños y niñas como su fuente de ingresos, al darles dinero les decimos que es rentable esa ilícita actividad y alentamos peores actitudes en detrimento de los pequeños.
Y para concluir es oportuno apuntar que otro tipo de explotación se está dando en las tiendas Chedraui y Super Che de esta ciudad, aprovechando la necesidad que tienen ancianos solos o abandonados de trabajar como “cerillos” en esos establecimientos y vivir de las propinas que les dan los compradores.
Tuve la oportunidad de platicar algunas veces con don Antonio Chedraui Caram, fundador de los super Chedraui. Hombre sencillo y en constante esfuerzo por ser justo y enseñar a sus hijos que el dinero se consigue trabajando, pues les tenía asignada, cuando eran jóvenes estudiantes, una cuota que debían administrar pues no les autorizaba extras sin justificación válida.
Gracias al esfuerzo de don Antonio, sus descendientes han tenido una vida mucho más cómoda que él mismo y pues ni idea tengo si también aprendieron sus valores, pero ojalá y alguien cercano les informe los abusos que empleados menores cometen con los ancianos (as) “cerillos”, a los que imponen tareas que nada tienen que ver con su labor de empacadores.
Sería fácil decir que la familia Chedraui “está de acuerdo” en el maltrato a los ancianos, pero conociendo la calidad humana, no es descabellado intuir que de iniciativa propia los empleados menores ponen cargas laborales, como la limpieza de espacios u otras, a los “cerillos” que son sobajados por quienes ni siquiera son suficientemente inteligentes para reconocer que “como te ves me ví y como me ves, te verás”.
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Otra de chafiretes

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Eliseo Tejeda Olmos

No es que haya asuntos menos importantes que hablar del mal comportamiento de los chafiretes del servicio urbano, en lo general. Arriesgan vidas ajenas, se sienten dueños de las calles, no les importa el reglamento de tránsito ni su aplicación y se resisten a las autoridades viales e incluso a las policíacas cuando se les pretende corregir, ya no se diga cuando el involucrado es un simple y mortal conductor particular.
Apenas este viernes 9 de octubre, el joven Fernando Guribi sufrió la acometida del barbaján chofer del servicio urbano llamado José Luis Sánchez Ortiz solamente porque el primero se atrevió a tomarle una fotografía cuando como es la mala costumbre de muchos chafiretes, se paró a media calle para bajar pasajeros y sin estacionarse debidamente.
El abusivo escupió al atrevido conductor particular y al ser interceptado por un motropatrullero de Tránsito Municipal, con pasajeras a bordo, lo esquivó y huyó sobre la carretera Xalapa-Veracruz con dirección al centro de la ciudad, pero a la altura de la tienda departamental Home Depot, ahí por donde se cayó el puente de acceso a la avenida Murillo Vidal, fue alcanzado y detenido.
Ilegalmente retuvo a las asustadas pasajeras y a una menor de edad que se puso a llorar y hasta que quiso, las dejó bajar del camión en el que se encerró para evitar ser detenido, pues a estas alturas ya habían llegado elementos de la policía preventiva.
No fue hasta que el representante legal de la Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa intervino, que el chafirete ofreció disculpas al agraviado y reconoció su mala actitud, las pasajeras que nada querían saber del incidente se retiraron antes y no lo denunciaron ni tampoco lo hizo el joven insultado, por lo que solamente le fue aplicada una sanción administrativa.
Imagínese si no es que ya ha tenido que lidiar con un energúmeno de este tipo que está detrás del volante de un camión de pasajeros y que toma las calles como suyas, que no se estaciona debidamente, que pone en riesgo la vida de los pasajeros al arrancar antes de que suban o bajen del camión y que se la pasa todo un día y otro también, echándole encima el camión a cuanto conductor particular se le ponga enfrente.
Ante la indignación ciudadana que pide sanciones más severas a los cafres y también para los concesionarios, ya no faltó la voz que defienda a los patrones y dueños de los camiones y que sugiera solamente se castigue a los chafiretes. Habrá que esperar que ahora si, los diputados locales se pongan a trabajar a favor de los ciudadanos y que lo antes posible, legislen en la materia para que las sanciones a los “homicidas culposos” vayan más allá del pago de 30 mil pesos por persona asesinada.
Y de la pretensión de subir el pasaje, ya no un peso sino cuatro, el pretexto de la capacitación no engaña a nadie porque es un secreto a voces que a los choferes se les da la consigna de mejor matar al peatón porque sale “más barato” muerto que dejarlo minusválido.
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Choferes asesinos

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Eliseo Tejeda Olmos

El adjetivo es muy fuerte, pero no está dirigido en lo general a quienes se ganan el pan de cada día manejando un autobús de pasajeros o un taxi, sino a aquellos que utilizan el vehículo como un arma para quitarle la vida a sus semejantes y que a gran velocidad, sin precaución alguna, arriesgan la vida propia, de los pasajeros y de otros conductores y peatones.
Los concesionarios del transporte público no lo parecen, pues más bien se comportan como señores de horca y cuchillo, ya que excepcionalmente les es cancelada su concesión cuando un autobús o taxi de su propiedad se ve involucrado en la muerte de un peatón o usuario de transporte público.
Ahora pretenden el aumento de un peso en la tarifa por el servicio que prestan en unidades destartaladas, contaminantes, con fallas mecánicas en sistemas tan importantes como son los frenos. El golpe a la mayoría de la población, en su economía, será contundente.
Un peso dirán, pero para quien por lo menos toma cuatro autobuses al día, son ya cuatro pesos que en seis días hábiles se convierten en 24 pesos y al mes (cuatro semanas) son 96 pesos. Si esa persona tiene hijos estudiando y la escuela no queda cerca como para llegar a ella caminando, se estaría hablando de otro gasto similar que a un salario mínimo de 54 pesos diarios le significa una merma importante.
Pero volviendo a los cafres que se ponen detrás del volante de un autobús de pasajeros y que todos los días vemos a gran velocidad disputarse el pasaje o simplemente queriendo demostrar que son grandes chafiretes en avenidas como la Lázaro Cárdenas o Circuito Presidentes, los ciudadanos siguen esperando el castigo ejemplar no solamente para ellos, también para sus patrones cuando matan a un anciano, un joven o mujer valiosa y productiva o destrozan a una familia al asesinar, sí asesinar, a un niño inocente.
Una fianza de 30 mil pesos en promedio sirve para que el cafre salga de la cárcel orgulloso como el cazador al aumentar una muesca más a su arma y cebado como animal peligroso porque difícil es asesinar al primero, los demás será más fácil y su patrón, que en la mayoría de las veces le vuelve a dar trabajo para que le pague el adeudo de la fianza, sigue usufructuando lo que se supone solamente es una concesión.
Ya el diputado local Antonio de Jesús Remes Ojeda hizo un pronunciamiento al respecto el pasado jueves 1 de octubre para que se legisle y se castigue con mayor severidad no solamente a los cafres del servicio publico, sino también a sus patrones a los que debe cancelárseles la concesión, que como tal no es de por vida sino deberá mantenerse mientras otorguen un servicio público en que se trate con dignidad y respeto a los usuarios, a los peatones y a los conductores particulares.
Ya lo dijimos antes y lo repetimos ahora: ojalá y los diputados locales tengan tiempo para aprobar una iniciativa de ley que establezca claros límites para los asesinos a los que se les permite manejar un autobús de pasajeros o un taxi.
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