Teléfono Rojo

Eliseo Tejeda Olmos

• La denuncia de Reynaldo contra Mario Chama y el Beto Gato
• A Guilebaldo no le ha cumplido Jorge Carvallo y ni le cumplirá
• Guizar Valladares llama a la conciliación a los diputados panistas

Echar en saco roto la denuncia que el secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez e irónicamente presidente de la junta de gobierno de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, presentó en contra de Mario Chama Díaz y Alberto Morales, puede servir como mal antecedente para quienes nos dedicamos a escribir no solamente la nota del día, sino opiniones que si bien no se basan en muchos casos en cuestiones verídicas si por lo menos veraces.
Dice bien Reynaldo Escobar que el tiene todo el derecho ciudadano de presentar una demanda por hechos que considere le afecten material o moralmente, quien mejor que él lo sabe pues es considerado como uno de los mejores abogados penalistas, por lo menos en Veracruz.
Pero –y no podía faltar el pelo en la sopa- entonces que pida licencia o renuncie a su alto cargo en el Gobierno del Estado y con más razón a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal para la defensa de los Periodistas (CEDEP).
De ese modo se estará enfrentando en igualdad de condiciones a los ciudadanos periodistas que demandó, el amigo Mario que es director del Grillo Jarocho y al Gato Morales, director de la agencia Multigráfica. Porque muchos funcionarios alegan y suponen que de presentarse ante otra autoridad serán atendidos como ciudadanos comunes y corrientes ¡ojalá y así fuera!
Sin embargo, poco saben o recuerdan si alguna vez lo hicieron, todos los contratiempos que debe afrontar un ciudadano cuando de presentar una denuncia de cualquier tipo se trata.
Hoy es porque lo acusaron de la supuesta autoría de un accidente vial, mañana otros funcionarios de menor nivel que se mueren de ganas de contar con antecedentes de ese tipo, harán lo mismo porque en alusión a su mal desempeño en la función pública o abuso en el ejercicio de la misma, consideran que se les hace un daño moral.
Ya se sabe que en esto del periodismo, cada burro jala su mecate o cada chango busca su liana, pero hay cuestiones como en las que están inmiscuidos dos periodistas harto conocidos por su estilo y que hasta de combativos pueden ser calificados y un funcionario al que en voz baja, por temor a decírselo de frente, muchos lo acusan de prepotente, maleducado y otros calificativos similares.
A ver si interviene la CEDEP como en otros casos y sienta al presidente de su junta de gobierno a conciliar su diferencia con Mario Chama y el Beto Gato. Ya veremos, dijo un ciego.

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En la última semana de octubre, Guilebaldo Flores Lomán, ex representante estatal del desaparecido Partido Social Demócrata (PSD) acusó públicamente a Jorge Carvallo Delfín de no cumplir lo prometido para que se incorporara al CDE del tricolor y tener de esa manera asegurada posición e ingreso económico. ¿Qué promesas? Ah, pues la de impulsar con los diputados locales una Ley de Sociedad de Convivencia y la despenalización del aborto en términos similares a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aprobada en el Distrito Federal.
Parece que Guilebaldo anda en la luna como cuando supuestamente dirigía al PSD en Veracruz, porque unas semanas después, en medio de protestas en las que se vio participar con su apoyo a la diputada Dalia Pérez Castañeda, la mayoría priísta apoyada por la minoría panista, aprobaron la Ley de Defensa de la Vida, con la cual no solamente se penaliza a las mujeres que se vena en esa difícil encrucijada, sino que hasta se les toma por “locas, perturbadas” –apuntaría certeramente en tribuna la diputada Margarita Guillaumín.
Así qué lástima Guilebaldo, ni te han cumplido y por lo que se ve tampoco te cumplirán, como ha sucedido con otros compromisos contraídos por Jorge Carvallo que ha contado en una de las áreas más delicadas el apoyo estoico del amigo y colega Mario Lozano Carbonell, que un día se las encuentra difícil y otros también para sacar al buey de la barranca.

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El diputado Gonzalo Guizar Valladares, aspirante a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, llamó a la conciliación a los diputados panistas para que el proceso de inversión de dos empresas chinas en el Agrocentro, más conocido como el Armadillo, no se eche a perder.
De concretarse el proyecto de instalar una planta armadora en esas instalaciones, los que saldrán perdiendo serán los policías encargados de impedir que manifestantes de otras parte del Estado que se dirijan a Xalapa, porque entonces ¿a dónde los recluirán?

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Impunidad en la tragedia de la guardería ABC

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Eliseo Tejeda Olmos

Revisando quienes se han sumado a mis amistades en Facebook, me encontré este sábado un mensaje, más bien un recordatorio de mi amigo Guillermo Manzano sobre la tragedia de la guardería ABC en Sonora, donde murieron pequeños inocentes víctimas de la irresponsabilidad y después de la impunidad con que actuaron autoridades federales y estatales que no han encontrado hasta ahora culpable alguno.
Son 156 días, apunta Memo. Más de medio año de dolor para los padres y madres de familia que confiaron lo más valioso que tenían, su motivo para vivir y trabajar, en un lugar que se convirtió en horrible fin para los pequeñitos y pequeñitas.
Aunque menos, pero todavía se escuchan los lamentos y exigencia de justicia de algunas madres que perdieron a sus hijos, pero lamentablemente quienes deberían atenderlas no lo hacen. Ni el Gobierno Federal ni el Estatal. Aún con un nuevo Gobernador en Sonora, aparentemente la justicia para los agraviados no forma parte de la agenda política.
Nada será suficiente consuelo para quienes hace 156 días estando en sus lugares de trabajo se enteraron del incendio en la guardería ABC y trataron de llegar lo más pronto posible para encontrar a sus hijos y rescatarlos, pero la justicia podría al menos aplicarse a quien o quienes son responsables, directa o indirectamente de la tragedia.
Vergüenza ajena da porque los políticos, esos que aprueban sin recato y por intercambio de canonjías nuevos impuestos para todos, siguen en la misma tesitura: echándose la bolita unos a otros mientras que la impunidad protege a quienes deberían estar en la cárcel.
¿Cuándo los ciudadanos despertarán de su letargo? En lugar de exigir y lamentarse cuando las cosas han sucedido, deberíamos estar atentos a quienes buscan por simples ansias egoístas tener una parte de poder político, que quieren ser alcaldes, diputados locales o hasta gobernador, por ejemplo, el próximo 4 de julio del 2010.
Este es el mes de noviembre, de los fieles difuntos, faltan dos o tres meses para que los ansiosos comiencen su egoísta búsqueda de una Presidencia Municipal, una diputación local y una gubernatura en Veracruz. ¿Cuántos de ellos aprueban un examen de humildad, honestidad y verdadera preocupación por los demás?
De acuerdo al listado nominal de electores, más de cuatro millones de personas en la entidad tienen la palabra, de esa cantidad ¿cuántos la harán valer?

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Difícil, pero no imposible sanear a la Procuraduría

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Eliseo Tejeda Olmos

De tiempo atrás, el procurador de Justicia, Salvador Mikel Rivera emprendió giras por todo el territorio veracruzano, con la finalidad de atender a la gente y supervisar las actuaciones de los ministerios públicos y personal de apoyo de las cerca de 300 agencias y si bien es cierto que con su sola presencia se resolvieron muchos casos que requerían únicamente de elaborar y tramitar un oficio, también recibió directamente y sin filtros burocráticos, las quejas de personas que han sufrido el mal trato de los que se suponen no solamente servidores públicos, sino sus representantes de oficio ante la ley.
Ese quejas motivaron recientemente el relevo de un agente del MP y un oficial secretario en Ciudad Isla, que llevó a Veracruz otra vez al ámbito nacional de las noticias por los crímenes no esclarecidos de varias mujeres y provocó el cambio del responsable del Ministerio Público y de todos los oficiales secretarios.
Lo anterior es una muestra de la determinación del Fiscal General de Veracruz por terminar con los vicios arraigados entre el personal de las agencias del Ministerio Público que no quieren entender que el interés primordial deberá ser la atención a quienes demandan procuración y una mejor impartición de justicia.
Por interés laboral y profesional, el personal de las diferentes agencias de los Ministerios Públicos debería de tomar en cuenta y en serio la postura de Salvador Mikel Rivera y no pensar que después de la separación de 43 trabajadores a principios del mes, ya la libraron, pues de persistir en la mala costumbre de postergar las acciones de investigación si no hay dinero de por medio, una queja bien fundamentada que llegue al Procurador General de Justicia sin duda que derivará en el cese inmediato y si es grave, hasta la correspondiente acción penal.
Porque si no están enterados, continúan bajo la lupa del fiscal Mikel Rivera, los agentes del MP, secretarios, peritos y elementos de la AVI que han sido acusados por los ciudadanos por maltrato, prepotencia y dilación de expedientes.
Ya lo ha dicho el funcionario en repetidas ocasiones y allá de quienes no lo tomen en serio, que quiere dejar una Procuraduría mejor de como la recibió, moderna y con personal capacitado que de trato humano a quienes dolidos, agredidos, desesperados y afectados acuden a la autoridad en demanda de auxilio.
A la vista está el apoyo que el gobernador Fidel Herrera Beltrán ha dado a la Procuraduría y no se vale que malos servidores públicos echen por la borda el esfuerzo del Mandatario veracruzano y el trabajo de un fiscal modernizador y comprometido.
No solamente pretenden burlarse de su Jefe inmediato sino también del Ejecutivo estatal que todos los días procura estar cercano a la gente, como lo ha hecho desde el primer día de mandato.
En este contexto, hay que estar atentos que sucede con el agente del MP, Marco Vinicio Carpinteiro Santos, quien ha sido señalado públicamente como un funcionario comprometido no precisamente con los demandantes de justicia como es el caso del vil y cobarde asesinato de la niña Laura Jennifer García Ávila, estudiante del primer grado de la secundaria técnica 105.
Todavía no se aclara el asunto y ahora resulta que otro caso a cargo de la misma agencia quinta del Ministerio Público, el del fraude cometido por José Guadalupe García Miranda en agravio de 60 estilistas xalapeños a quienes cobró y no cumplió con un traslado y acceso a un evento de capacitación en la ciudad de México, muestra un interés parcial a favor del defraudador y en contra de los afectados.
De los 60 agraviados, una mayoría ya firmó el perdón para el defraudaror al recibir por sugerencia de personal de la Agencia del MP a cargo de Marco Vinicio Carpinteiro, solamente el 50 por ciento de lo defraudado. Como quien dice, “de lo perdido, lo que aparezca”.
Pero los menos exigen el justo pago de la totalidad de lo que aportaron para el viaje, entrada al curso de capacitación y estancia en la ciudad de México. No merecen menos y tampoco el consejo de aceptar lo que les quieran entregar mientras el defraudador una vez en la calle, maquine otro delito a ver ahora contra quien y recupera el dinero que tuvo que devolver.
Los antecedentes y las quejas del actuar en la Agencia de Ministerio Público ahí están, no solamente de su titular sino del personal que bajo sus órdenes se desempeña, solamente falta que la lupa apunte hacia ese lugar y seguramente se descubrirán otros negativos detalles.
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Niños y ancianos explotados

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Eliseo Tejeda Olmos

Aunque de entrada pareciera injusta la propuesta de la directora del DIF Municipal, Guadalupe López Ramírez, de que automovilistas no den dinero a niños que lo piden en los cruceros de las calles, hay que reconocer que es una sugerencia acertada.
Desafortunadamente para los menores de edad, algunos de tan sólo cuatro o cinco años, sus padres han encontrado en ellos una fuente de ingresos que supera un salario mínimo general en nuestra región C de 51.95 pesos diarios.
Un solo infante puede reunir hasta 200 pesos diarios pero con una jornada de explotación de hasta 12 horas –de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, por ejemplo- y si el dinero fuera para ellos, pues que bueno, tendrían alimentación oportuna y un lugar decente donde vivir además de oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, cualquiera con “tres dedos de frente” como se dice de manera coloquial, sabe que ese dinero es para los explotadores del niño y peor aún, para personas sin escrúpulos que piden “prestados” a los chamacos para “pasearlos” en la ciudad si no es que se da otra situación más horrorosa: han sido arrebatados de sus hogares.
Explicado de esta manera, creo que seguramente nadie querrá cooperar con la explotación de los niños en las calles, que excepcionalmente han decidido estar allí por decisión propia porque huyen de la violencia y abuso intrafamiliar.
Hay que aplaudir la preocupación del DIF Municipal que preside Mariana Munguía de Velasco por recorrer las calles para detectar y tratar de corregir, dentro de sus atribuciones la explotación que se hace de los pequeños y que demanda el apoyo de la fuerza pública, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del DIF estatal e incluso de la General de Justicia, dado el caso.
Pero como dice Guadalupe López, sin el apoyo e interés ciudadano poco se puede lograr. Cada vez que vea un niño en el crucero pidiendo dinero, aprovechando el tráfico detenido o el semáforo en luz roja, si puede y le interesa, mire con atención alrededor, no le costará trabajo descubrir a prudente y discreta distancia al explotador.
Este puede ser un adulto, hombre o mujer o un adolescente o joven, que vigila al niño o niña y lo ordena ser efectivo al pedir, sin importarle que el pequeño arriesgue la vida ya que por su estatura la mayoría de las veces no es visible para el conductor de una camioneta y no se diga de un autobús o camión de dimensiones similares.
No seamos cómplices de la explotación ni permitamos que los explotadores utilicen a los niños y niñas como su fuente de ingresos, al darles dinero les decimos que es rentable esa ilícita actividad y alentamos peores actitudes en detrimento de los pequeños.
Y para concluir es oportuno apuntar que otro tipo de explotación se está dando en las tiendas Chedraui y Super Che de esta ciudad, aprovechando la necesidad que tienen ancianos solos o abandonados de trabajar como “cerillos” en esos establecimientos y vivir de las propinas que les dan los compradores.
Tuve la oportunidad de platicar algunas veces con don Antonio Chedraui Caram, fundador de los super Chedraui. Hombre sencillo y en constante esfuerzo por ser justo y enseñar a sus hijos que el dinero se consigue trabajando, pues les tenía asignada, cuando eran jóvenes estudiantes, una cuota que debían administrar pues no les autorizaba extras sin justificación válida.
Gracias al esfuerzo de don Antonio, sus descendientes han tenido una vida mucho más cómoda que él mismo y pues ni idea tengo si también aprendieron sus valores, pero ojalá y alguien cercano les informe los abusos que empleados menores cometen con los ancianos (as) “cerillos”, a los que imponen tareas que nada tienen que ver con su labor de empacadores.
Sería fácil decir que la familia Chedraui “está de acuerdo” en el maltrato a los ancianos, pero conociendo la calidad humana, no es descabellado intuir que de iniciativa propia los empleados menores ponen cargas laborales, como la limpieza de espacios u otras, a los “cerillos” que son sobajados por quienes ni siquiera son suficientemente inteligentes para reconocer que “como te ves me ví y como me ves, te verás”.
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Otra de chafiretes

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Eliseo Tejeda Olmos

No es que haya asuntos menos importantes que hablar del mal comportamiento de los chafiretes del servicio urbano, en lo general. Arriesgan vidas ajenas, se sienten dueños de las calles, no les importa el reglamento de tránsito ni su aplicación y se resisten a las autoridades viales e incluso a las policíacas cuando se les pretende corregir, ya no se diga cuando el involucrado es un simple y mortal conductor particular.
Apenas este viernes 9 de octubre, el joven Fernando Guribi sufrió la acometida del barbaján chofer del servicio urbano llamado José Luis Sánchez Ortiz solamente porque el primero se atrevió a tomarle una fotografía cuando como es la mala costumbre de muchos chafiretes, se paró a media calle para bajar pasajeros y sin estacionarse debidamente.
El abusivo escupió al atrevido conductor particular y al ser interceptado por un motropatrullero de Tránsito Municipal, con pasajeras a bordo, lo esquivó y huyó sobre la carretera Xalapa-Veracruz con dirección al centro de la ciudad, pero a la altura de la tienda departamental Home Depot, ahí por donde se cayó el puente de acceso a la avenida Murillo Vidal, fue alcanzado y detenido.
Ilegalmente retuvo a las asustadas pasajeras y a una menor de edad que se puso a llorar y hasta que quiso, las dejó bajar del camión en el que se encerró para evitar ser detenido, pues a estas alturas ya habían llegado elementos de la policía preventiva.
No fue hasta que el representante legal de la Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa intervino, que el chafirete ofreció disculpas al agraviado y reconoció su mala actitud, las pasajeras que nada querían saber del incidente se retiraron antes y no lo denunciaron ni tampoco lo hizo el joven insultado, por lo que solamente le fue aplicada una sanción administrativa.
Imagínese si no es que ya ha tenido que lidiar con un energúmeno de este tipo que está detrás del volante de un camión de pasajeros y que toma las calles como suyas, que no se estaciona debidamente, que pone en riesgo la vida de los pasajeros al arrancar antes de que suban o bajen del camión y que se la pasa todo un día y otro también, echándole encima el camión a cuanto conductor particular se le ponga enfrente.
Ante la indignación ciudadana que pide sanciones más severas a los cafres y también para los concesionarios, ya no faltó la voz que defienda a los patrones y dueños de los camiones y que sugiera solamente se castigue a los chafiretes. Habrá que esperar que ahora si, los diputados locales se pongan a trabajar a favor de los ciudadanos y que lo antes posible, legislen en la materia para que las sanciones a los “homicidas culposos” vayan más allá del pago de 30 mil pesos por persona asesinada.
Y de la pretensión de subir el pasaje, ya no un peso sino cuatro, el pretexto de la capacitación no engaña a nadie porque es un secreto a voces que a los choferes se les da la consigna de mejor matar al peatón porque sale “más barato” muerto que dejarlo minusválido.
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