Malos tiempos y rumores

Teléfono Rojo

Eliseo Tejeda Olmos

Dicen que una de las señales de ya estar más que maduro en cuanto a la edad, es el recurrir a la frase de que tiempos pasados siempre fueron mejores, pero actualmente con lo sucedido en Monterrey donde más de 50 personas perdieron la vida, a nadie debe caber la duda que nos encontramos en una etapa de malos tiempos.

Me viene a la mente la canción interpretada por mi paisana Yuri, de que siempre vendrán tiempos mejores. No solamente los veracruzanos, sino todos los mexicanos anhelamos, esperamos que vengan tiempos mejores, porque la incertidumbre y el temor nos rodean alimentados por rumores en las llamadas “redes sociales”.

En un intento por contrarrestar los alarmistas mensajes sin fundamento que se envían por el twitter o el facebook, el Gobierno del Estado de Veracruz ha puesto a disposición de los ciudadanos los siguientes teléfonos y cuentas en las que se puede consultar sobre la veracidad de los rumores:

Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4) 841-8000  y 066 (línea directa de ayuda y auxilio), cuentas de twitter @sp_veracruz y @secretario_ssp; Dirección General de Comunicación Social 841-7501 y 841-7502, cuenta de twitter @DGCS_VERACRUZ y la Secretaría de Gobierno 841-7555.

Volviendo a lo sucedido en Monterrey, al igual que el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en que fallecieron 49 niños y niñas, ahora resulta que el casino Royale presentaba irregularidades en su funcionamiento y el colmo, que operaba ilegalmente sin que las autoridades de cualquier nivel y responsabilidad intervinieran y seguramente se echaban la bolita como lo hacen ahora.

No hay que perder de vista que la mayoría de las personas murieron a causa de la intoxicación por el humo del incendio y que no pudieron salir por la “puerta de emergencia” porque estaba cerrada con llave y candado sin que nadie del personal de seguridad tuviera las llaves.

Además de quienes incendiaron el casino, creo que hay otros responsables a los que habría que sancionar por no garantizar la seguridad de los usuarios, no solamente los propietarios y administradores sino también de las autoridades que omitieron su acción a tiempo.